miércoles, 23 de septiembre de 2020

Caso Vicentín: El presidente del Concejo lo plantea como una intromisión

Eduardo Paoletti realizó un análisis en relación a la intervención decretada sobre Vicentin SAIC, y en el mismo describe que la acción tomada por el ejecutivo nacional tiene más características de una intromisión que de la intervención aludida

El Presidente del Honorable Consejo de la ciudad de Reconquista, Eduardo J. Paoletti, escribió un documento titulado "¿Intervención o intromisión?" en relación a la intervención por decreto que anunció en horas del lunes 8 de junio el Gobierno Nacional.

El funcionario local realizó un análisis basado en principios constitucionales y apoyado en la ley de concursos y quiebras, Nº 24522. 

Aquí el documento:

¿INTERVENCIÓN O INTROMISIÓN? 

Crisis empresarial

La crisis de una empresa genera el incumplimiento en el pago de sus créditos, lo que a su vez provoca un impacto negativo en el patrimonio de sus acreedores, propagándose así el problema a toda la cadena de pagos. 

Cuando el incumplimiento es general y no se puede hacer frente a una gran cantidad de deudas, pagarle a uno provoca una injusticia para con el resto. Es por eso que la legislación aparece intentando generar justicia social, a través de un proceso universal en el cual se reúne a todos los acreedores (Ley 24.522 Régimen de concursos y quiebras). 

El concurso es un proceso en el que se pretende que el concursado renegocie su deuda, que no cese la marcha de la empresa y que se vaya haciendo frente a lo adeudado con los beneficios que se vayan generando. Se busca, así también, evitar la pérdida de puestos de trabajo y la continuidad de la empresa. 

Limitación a la propiedad 

Por otro lado, la propiedad privada puede ser limitada (artículo 14 de la Constitución Nacional). Es así que, cuando existe una utilidad pública, el Estado puede apropiarse del bien de un particular con una finalidad colectiva, a cambio de una indemnización (artículo 17 C.N.). La mencionada utilidad pública es requisito esencial para la procedencia de la “expropiación” (Ley 21.499) y ello implica que el interés general esté en juego y la finalidad sea el bien común. 

Intervención 

Ahora, cuando tenemos una empresa que se encuentra en estado de cesación de pagos, y se abre un proceso concursal para que la misma pueda negociar con sus acreedores y reestructurar su deuda para continuar con su giro comercial, satisfacer a quien le debe, y no romper la cadena de pagos: ¿por qué el Estado Nacional decide intervenir la misma? 

La citada Ley de Concursos y Quiebras 24.522 –LCQ- prevé la figura del “síndico”, un auxiliar del juez. El concursado conserva la administración de sus bienes pero bajo la vigilancia de este (artículo 15 LCQ), no pudiéndose realizar actos que modifiquen la situación de los acreedores. El concursado pasa a un estado de capacidad controlada, con restricciones a su disponibilidad. 

El caso en cuestión 

En el caso que nos atañe se abrió el concurso y hoy se encuentra en el período de verificación de créditos (artículo 32 LCQ), y el plazo final para verificar está fijado recién para el día 25 de agosto de 2020 (concursopreventivovicentin.com.ar), o sea recién dentro de dos meses. 

Como dijimos ya existe síndico, que en este caso -por la magnitud- es un cuerpo colegiado que auxilia al juez que se encuentra interviniendo en el proceso. 

Entonces, ¿no son estos actores institucionales suficientes para el control del funcionamiento de la concursada? 

Considero innecesaria y excesiva la intervención de la empresa dispuesta por Poder Ejecutivo Nacional a VICENTIN S.A.I.C. Además de ello, esta intervención provoca una intromisión en el Poder Judicial, lo que está vedado por el principio de división de poderes. 

Asimismo, no se observa hoy utilidad pública que otorgue razonabilidad a la potencial expropiación de la empresa, siendo la misma poco razonable y excesiva. Es la expropiación la última instancia a recurrir en estos casos, más aún cuando los demás caminos institucionales se están transitando. 

Eduardo J. N. Paoletti 

Presidente del Concejo Municipal de Reconquista.

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