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jueves, 29 de julio de 2021

El Ministerio Público de la Acusación se expresó respecto a la usurpaciones

Más de 800 personas fueron identificadas por tomar terrenos privados en barrios de la periferia de Reconquista.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer un documento con duras críticas hacia la clase política, a quienes instó a actuar con la seriedad del caso, "evitando confundir a la población" respecto a las funciones del organismo frente a los delitos de tomas de terrenos.

"No escapa a nuestra compresión la cuestión social imperante y la situación de vulnerabilidad y riesgos de quienes realizan estos actos, pero también no podemos dejar de visualizar la situación de las víctimas que sufren un despojo y la existencia de normas imperativas que tipifican las conductas como delitos", indicaron desde el MPA.

En un contexto en el cual más de 800 personas fueron identificadas por usurpar terrenos privados en barrios de la periferia de Reconquista, los hechos "han generado enfrentamientos políticos y distintas especulaciones, las que no forman parte de nuestras actuaciones. Instamos a quienes  tiene responsabilidades gubernamentales a actuar con la seriedad del caso, evitando confundir a la población especialmente vulnerable; en ese aspecto no resulta positivo requerir públicamente que el MPA se abstenga a actuar nada menos que frente a un delito o, lo que es peor, entrometerse en nuestras funciones, aleccionando sobre quien /es eran o no los responsables de los hechos", sostuvieron.

Asimismo, indicaron que la intención del Ministerio es obrar procurando una resolución pacífica con la finalidad de restablecer la paz social. "Nuestra actuación estará enmarcada en que el derecho penal constituye el último recurso del ordenamiento jurídico global, tendiente a solucionar entuertos sociales que afectan ciertos bienes, valores o intereses especialmente significativos de la comunidad", agregaron.

Desde el organismo recordaron que la usurpación es un delito previsto en el Art.181 ss y cc del  Código Penal, que establece que será reprimido con prisión de seis meses a tres años y la conducta está configurada por aquel que "despojare a otro", "total o parcialmente" la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho sobre él, utilizando  "violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad".

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