Moreno inició meses atrás una investigación que apunta a determinar si el default en el que cayó la agroexportadora fue consecuencia de maniobras ilícitas encaradas por los directivos renunciantes.

El fiscal tiene en sus manos una denuncia presentada por un grupo de productores agropecuarios y bancos internacionales que aspiran a cobrar las acreencias que dejó el gigante cerealero, en cesación de pagos desde hace un año y que cursa un concurso preventivo desde febrero.

Los allanamientos se desarrollan en estos momentos en Reconquista y Avellaneda e incluyen las casas de los ex directivos como también la sede de Vicentin.

Según el balance presentado, los directivos informaron que en lo que va de 2020, la agroexportadora facturó US$30 millones por diversas operaciones, como contratos a fasón para que otras firmas produzcan en sus plantas, y señaló que tiene asegurado el trabajo para todo 2021 para sus 1239 empleados.

Vicentin, en concurso de acreedores por más de US$1300 millones desde febrero, renovó su directorio en octubre, donde por primera vez en más de 90 años no hay ningún miembro de la familia propietaria, y desde la semana pasada, por decisión del juez del concurso Fabián Lorenzini, tiene un interventor-coadministrador con el mismo rango de presidente. Se trata de Andrés Shocron, que está a la par en jerarquía del presidente del directorio Omar Adolfo Scarel.

Según precisó la compañía, desde mayo pasado, cuando comenzó a brindar servicios a otras firmas con contratos a fasón, obtuvo ingresos por US$25.000.000 equivalentes a la molienda de 1.325.000 toneladas.